Equilibrado, fuerte inversión social y sin gastos reservados: el presupuesto 2025 prioriza la vivienda, la educación y el trabajo

Para el 2025 falta mucho. Una Argentina en permanente crisis, un Gobierno libertario que se autoliberó de compromisos y las secuelas permanentes del daño envenenado del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá, contornean el brumoso contexto en el que Claudio Poggi presentó, dentro de los plazos constitucionales, en la Legislatura el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de 1.841 billones de pesos.

“El gasto se distribuye en función de las cuatro políticas que definió el gobernador, que son generar las condiciones para que el sector privado crezca, combatir la inseguridad y narcotráfico, reconstruir el tejido social y recuperar la fortaleza de la institucionalidad. En función de eso se han incluido los programas”, fue la presentación del ministro de Hacienda e Infraestructura Pública, Néstor Ordoñez para exponer la dirección del Gobierno expresada en la “Ley de leyes” que tiene una previsión de $1.841.214.283.195.

El presupuesto 2025 es el punto de partida para la refundación del Estado. Es el primero que formula el nuevo Gobierno con su filosofía de administración.

“Es un presupuesto equilibrado, que si bien siempre lo decían, la verdad este es un presupuesto realmente equilibrado”, fue la definición para marcar la diferencia con el pasado inmediato que la describe en estos términos: “Cuando veíamos la ejecución presupuestaria resultó que se gastaba más de lo que ingresaba. Entonces el presupuesto estaba distorsionado, no reflejaba la realidad y por eso, a fin de año, nos dimos cuenta que tuvimos déficit, de por lo menos cinco años, crónico y sistemático. Se terminaba gastando más de lo que ingresaba y esa diferencia, ese desfasaje de recursos y gastos se financiaba con la venta de títulos, un ingreso excepcional por única vez producto de un juicio que ganamos”.

Poggi se hizo cargo de un Estado en ruinas, explotado de despilfarro con una matriz perversa que fagocitaba para alimentar el pozo oscuro de la corrupción todos los fondos públicos al alcance de la mano empobreciendo a la provincia a un grado que no se puede permitir olvidar y ante la mirada de una sociedad a la que por mucho tiempo se le imprimió el miedo desde el poder. San Luis arrastraba un déficit maquillado con plata dulce extraordinaria que fue liquidada por Alberto Rodríguez Saá en su retirada.

Esa crisis derivó en la declaración de emergencia en diciembre.

En su primer año este Gobierno debió aplicar medidas impopulares, usó en algunos casos el bisturí sin anestesia, para ordenar las cuentas e iniciar la reconstrucción.

“No se subestimaron los recursos como venía sucediendo en los últimos años, hemos sincerado todos los números”, sumó como conclusión el ministro que mañana irá a la Cámara de Diputados a entrevistarse con el presidente, Alberto Leyes, para transmitirle que el mensaje fue enviado y acordar la presencia del equipo técnico para informar ante la comisión. La proyección está basada en las variables plasmadas en el anticipo de presupuesto enviado el 3 de julio por el Gobierno nacional al Congreso.

El presupuesto refleja acabadamente cuál es la situación de la Provincia después de ocho años. Refleja el costo de medidas demagógicas que terminaron generando condicionamientos permanentes.

El Gobierno consideró que lo lógico es “no mentirse y no mentirle a la sociedad” transparentando el gasto. Se llegó a clasificar como gasto de capital el pago de la limpieza de la Maternidad y la subvención a las escuelas privadas para la liquidación de haberes.

Es un Estado en una situación fiscal muy frágil.

San Luis tiene una determinante dependencia de la coparticipación cuya recaudación está sujeta a la Nación.

El gasto corriente se disparó a niveles ingobernables.

“El total recursos corresponden en un 78% a recursos federales y un 22% a recursos provinciales. Esa relación de casi 80-20 para poder revertirla hay que implementar políticas que tampoco van tener sus efectos de la noche a la mañana, hay que estimular y reactivar el sector privado, que es generador de trabajo, pero además también de riqueza y también forma parte de la base recaudatoria provincial que nutre al Estado”, sostuvo.

El sinceramiento indica que los gastos corrientes treparon al 81% (salarios, atención del aparato burocrático, luz, combustible). El 19% de los recursos restantes son para gastos de capital (inversiones).

Dos terceras partes del presupuesto están comprometidos de movida: el 50% está afectado al pago de sueldos, 7% a los planes sociales y un 9% a las transferencias automáticas, esencialmente la coparticipación municipal.

Un dato a tener en cuenta es que un punto (1%) de cada aumento de haberes es igual a $500 millones por mes. En el último anuncio Poggi otorgó un 20% para el periodo agosto-noviembre. Los salarios de los cargos testigos del sector público están por encima de la media nacional.

El último tercio queda para el funcionamiento y obra pública. De esta parte de la torta, el 11% es para obras, la mitad para los barrios sociales, y el resto para obras de conservación y mantenimiento.

A partir de esa realidad el Gobierno se ha planteado como hoja de ruta metas de materialización progresiva: 1) equilibrio fiscal, 2) independencia económica y 3) calidad del gasto.

El sendero se transitó en un marco de caída de recursos en términos reales. Se asumieron nuevas erogaciones como el Fonid y el subsidio del transporte que históricamente estuvieron a cargo de Nación.

El equilibrio fiscal fue una autoimposición obligatoria, porque no hay más títulos públicos para financiar el déficit, dejó en claro el nuevo capitan de las finanzas puntanas.

En 2025 se desarrollarán una serie de políticas que en el rubro productivo abarcan Mi Próximo Paso destinado a sostener e impulsar a los emprendedores con financiamiento; Bolsa de trabajo, subsidio de tasas y generación de valor agregado para estimular al sector industrial.

En el rubro educación se anotan el Programa de Asistencia Nutricional Escolar (PANE), el plan jardines maternales; más apertura de salas de 3 años de nivel Inicial y el Plan de Inclusión Educativa y la Beca al Mérito. Tienen asegurado su ejecución el Programa de Alfabetización, el Programa de Alfabetización y la asunción de los directores por concurso.

En Desarrollo Humano están garantizados los programas orientados a la reconversión del Plan de Inclusión a través de los convenios con empresas, la creación de cooperativas, el emprendedurismo y la terminalidad educativa.

Seguridad incluye programas como el sistema de videovigilancia, el sistema de comunicación policial, Alarmas vecinales, Registro de Huellas Genéticas y Narcostet.

Otra política que tendrá continuidad será el programa Construyendo con tu Pueblo a través del cual el Gobierno y los municipios coinciden financiando obras que estimulan la creación de puestos de trabajo y previenen la inseguridad a través de la iluminación.

La política estrella del 2025 será la recreación del plan habitacional que implicará la ejecución de las casas de los planes “Progreso” y “Sueños” para cerrar una deuda  y reparar el castigo del Gobierno albertista a más de mil familias.

En los primeros meses del año se lanzará el plan Tenemos Futuro que ha generado una enorme expectativa porque significa el acceso a la vivienda social. En la grilla están además lotes con servicios, el sistema de autoconstrucción y la continuidad de Escriturá tu casa.

El 60% erogaciones están orientadas a educación, salud y seguridad.

-¿Con esta base de este presupuesto el Gobierno en el 2026 podrá ampliar o cumplir otros objetivos que se ha propuesto?

-Nosotros queremos esta gradualidad de ir mejorando la recaudación provincial e invirtiendo, más para gasto de capital. Este es un presupuesto equilibrado, que no prevé endeudamiento, que tiene en la construcción de viviendas una política importante y hemos hecho una apuesta importante incluso presupuestaria, un sinceramiento de las cuentas públicas en materia de recursos.

En el presupuesto hay claras señales del cambio que postula el nuevo Gobierno. La muestra cabal es la decisión de Poggi de eliminar los gastos reservados que se asignan al gobernador en el presupuesto. El anterior gobernador en 2023 en ese rubro gastó  $784.577.445, es decir $2.149.527 por día.